Son altos los índices de personas que han sido víctimas o son victimizadas a través de la violencia específica del abuso sexual, en especial aquellas estructuralmente vulneradas (niños, mujeres, ancianos, migrantes, indígenas, económicamente vulnerables, etc.). Algunas de estas experiencias enajenadoras han sido registradas, es decir, archivadas. Quizás recibieron algún trato, efectivo o no. Otras, debido a las mismas lógicas institucionales, jurídicas y sociales, han visto impedidos sus intentos de demandar procesos de acompañamiento y emancipación.

Contar con la posibilidad de la denuncia no garantiza nada. Quien(es) cuenta con los medios para lanzar una denuncia y reclamar la archivadura y la apertura de procesos judiciales y sociales que posibiliten una restitución de la humanidad mancillada, padece o debe someterse, por ello, a una segunda forma de violencia que la expone y vulnerabiliza. Esta segunda forma de violencia no es ajena a la primera (la experiencia de abuso sexual), sino que debe comprenderse como parte de un mismo sistema de relaciones de poder. Es un momento donde la palabra que reclama reconocimiento y responsabilización a partir de un crimen, es sometida a criterios y lógicas que la desarticulan y violentan con el fin de procurar esclarecimiento jurídico. La víctima vuelve a quedar desnuda y vulnerable. Son procesos largos y desgastantes para muchas familias que terminan, quizás por el cansancio, en el abandono del proceso. Procesos que, entonces, favorecen al victimario a través de la impunidad.

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